Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal imputó a Raúl Martins el delito de lavado de activos, en una causa que la jueza María Servini resolvió con el procesamiento con prisión preventiva del acusado y un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. El hecho se produjo en el marco de una investigación que indaga operaciones con dinero que, según la acusación, provendría de la explotación sexual de mujeres.

De acuerdo con la investigación, las maniobras bajo análisis comprenden la constitución y administración de sociedades, la adquisición de propiedades y el manejo de cuentas en el exterior, siempre con Martins como figura central de la estructura. La magistrada consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento y mantener la medida de coerción más gravosa prevista en el procedimiento penal.

Los planteos de la defensa

La defensa de Martins solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En su presentación escrita, sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuían correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y que serían anteriores al período que la justicia tomó como base para el delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

• Afirmó que el antecedente penal firme se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.
• Aseguró que las acusaciones por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.
• Cuestionó que se le atribuyeran maniobras previas al período tomado como referencia para la explotación sexual.

Durante la indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó su descargo por escrito. La estrategia apuntó a sostener que la antigüedad de las operaciones impedía encuadrar los hechos en el delito de lavado de activos, en la medida en que las sociedades habrían sido creadas antes del período considerado ilícito.

Los argumentos de la jueza Servini

La jueza Servini rechazó esa línea argumental. En su resolución explicó que una sociedad constituida con anterioridad al delito puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación no resultaba determinante para descartar las maniobras investigadas.

La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del procesado. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura, aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final en los registros societarios.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que daba cuenta de una posible explotación sexual en el local de Villa General Mitre. Desde entonces, la investigación reunió documentación societaria, información bancaria y registros de propiedades que terminaron sustentando el procesamiento.

Martins, de 77 años e identificado como exagente de la SIDE, había sido detenido en México en 2019. Su traslado desde Cancún estuvo a cargo de las autoridades mexicanas en el marco del proceso de extradición que derivó en su llegada al país y en la continuidad del trámite judicial. La instancia judicial que sigue es la elevación de la causa a juicio oral y público, donde se debatirá la responsabilidad penal del acusado por el delito de lavado de activos.