Mendoza abre una mesa gratuita para reordenar deudas de consumo: quitas, plazos y cuotas dependen del pulso con cada acreedor

El umbral para activar la mesa es de manual: cuando los compromisos financieros con bancos, tarjetas o plataformas digitales superan el 30% de los ingresos mensuales netos del hogar, y al menos uno de los convivientes tiene domicilio real en Mendoza, la persona puede sentarse frente a su acreedor en una oficina pública y discutir un plan a medida. Para casos de vulnerabilidad social, el piso baja al 25% y el listado contempla a hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados con la mínima, desocupados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales, siempre que el capital adeudado no exceda el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de pedir la intervención.

Qué se puede renegociar y qué queda afuera

• Entran: préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y líneas de plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Quedan afuera: obligaciones con garantía hipotecaria, deudas alimentarias, multas y sanciones penales.
• También se excluyen los pasivos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar.
• La Provincia puede proponer quita de intereses punitorios y gastos por mora, extender plazos y armar esquemas de cuotas nuevas, pero nada se aplica sin la firma del acreedor.

El procedimiento arranca en la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde el consumidor presenta el detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre traslado a cada empresa, que dispone de hasta 10 días hábiles para informar su posición y, sobre esa base, se construye el eventual acuerdo. La instancia es gratuita y apunta a un puente entre deudores asfixiados y entidades que, en la mayoría de los casos, prefieren cobrar algo antes que litigar o ejecutar.

“Acá viene a uno a renegociar lo que en el banco no te resuelven por la ventanilla, pero te aclararon que si la empresa no quiere bajar intereses, no firman nada y te quedás igual. El año pasado me comí un llamado a las dos de la tarde para pedirme un plan de pagos con un interés del 120%.”Héctor Quiroga, viñatero de Maipú

El dato fino del mecanismo merece una lectura técnica: la quita de capital es una facultad, no una obligación, y las empresas suelen usarla como anzuelo solo en carteras viejas, con clientes considerados irrecuperables. En el día a día, lo que se negocia es tiempo: extender el plazo, pasar un pago a la cola, achicar la cuota mensual a costa de un interés más alto o convertir una deuda en una línea con garantía salarial, un esquema que las fintech empezaron a ofrecer masivamente y que termina ajustando contra el recibo de sueldo. La diferencia es que ahora hay un escribano público del lado del consumidor para que la oferta, al menos, quede registrada.

Con la inflación de las cuotas en alza y los sueldos perdiendo carrera, la pregunta que sobrevuela cada acuerdo sigue siendo la misma: mientras la Provincia acerca la mesa y los bancos mandan a sus gerentes de recupero, ¿quién termina pagando la cuenta del ajuste? Porque si la quita no aparece y el plazo se estira, la pelota vuelve al bolsillo del trabajador, que en muchos casos ya está destinando un tercio de su ingreso a pagar deudas viejas con plata nueva.