Un proyecto del Congreso gravaría los CEDEARs nuevos y permitiría vender plazos fijos largos en Bolsa
La iniciativa cambia el tratamiento fiscal de los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 y habilita la negociación de depósitos a un año o más antes de su vencimiento.
Un proyecto ingresado al Congreso modifica las reglas de dos instrumentos de ahorro que cada vez atraen a más personas que buscan invertir por fuera del sistema bancario tradicional. Las modificaciones alcanzan a los certificados de propiedad de activos extranjeros y a los plazos fijos de largo plazo, y ambas requieren la aprobación legislativa para entrar en vigor.
Cambios en los CEDEARs
Los CEDEARs son certificados que permiten comprar desde la Argentina acciones de empresas que cotizan en mercados del exterior. Hasta ahora, la ganancia obtenida entre la compra y la venta de estos títulos estaba exenta del impuesto a las Ganancias. Con el nuevo esquema, esa diferencia pasaría a tributar para los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el activo subyacente tampoco esté exento cuando se compra de manera directa.
Las tenencias anteriores a esa fecha no quedarían alcanzadas por la medida. Por otro lado, los dividendos provenientes del exterior ya se encontraban gravados, de modo que el cambio se concentra exclusivamente en el resultado de la compraventa.
Plazos fijos negociables en Bolsa
El segundo cambio apunta a los depósitos a plazo de largo alcance. Quien constituya un plazo fijo a 365 días, o al plazo mayor que determine el Banco Central, recibiría un certificado que podría negociarse en el mercado bursátil. Si necesita recuperar el dinero antes del vencimiento, el titular podría vender ese certificado a otro inversor.
El esquema no equivale a una precancelación. El precio lo fija el mercado y puede ubicarse por encima o por debajo del capital originalmente depositado. Se trata, en consecuencia, de una opción de liquidez y no de una garantía de recuperar lo invertido.
Efectos para los comercios
La reforma también prevé un mecanismo para que los comercios adelanten el cobro de ventas realizadas con tarjeta. Cada operación autorizada generaría un título electrónico que el negocio podría vender en mercados regulados para recibir los fondos antes del acreditamiento habitual. El costo sería un descuento sobre el monto, en línea con los servicios de anticipo ya existentes, aunque con una mayor cantidad de competidores. El objetivo declarado es que el comercio de menor tamaño acceda a mejores condiciones.
Todo el paquete necesita la aprobación del Congreso antes de convertirse en norma. Algunas medidas podrían aplicarse de inmediato tras la promulgación, mientras que otras tienen plazos de implementación de hasta 360 días.
