Laboratorio Valmax: planta paralizada en Ituzaingó, 30 despidos y 156 millones de pesos en cheques rechazados

El laboratorio farmacéutico Valmax, que durante cuatro décadas fabricó solución fisiológica en monodosis y las conocidas gotas oftalmológicas Valmafilo, mantiene su planta de Ituzaingó con la producción detenida, las puertas cerradas y treinta de sus sesenta empleados fuera de la firma, a los que se les bloqueó el acceso al establecimiento. La caída no fue de un día para el otro: se fue cocinando durante meses en un cóctel de sueldos pagados en cuotas, ventas que no entraron a tiempo y una montaña de cheques que los bancos devolvieron uno tras otro por falta de fondos.

Sueldes en cuotas y una deuda salarial que ya suma seis meses

La crisis salarial se hizo visible en abril, cuando la dirección empezó a fraccionar el pago de los haberes y luego la formalizó por escrito en mayo: el 50% el día 7 y el resto el día 20. Lo que se presentó como una excepción terminó instalado como rutina, y a esta altura la compañía adeuda la mitad del salario de septiembre sin haber informado una fecha cierta de cancelación. En ese contexto, la desvinculación de treinta trabajadores terminó de sellar la parálisis operativa de la planta.

El cuadro financiero que registra el Banco Central es contundente: 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de 156.526.850 pesos. La totalidad de los documentos impagos fueron devueltos por una sola razón: no había dinero disponible en las cuentas. No se trata de cheques aislados ni de un error administrativo, sino de un patrón sostenido que habla de un estrangulamiento de caja que ya no se disimula.

Stock acumulado, demanda en baja y el peso de las licitaciones públicas

Según Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, la empresa habría acumulado stock suficiente para abastecer al mercado hasta fin de año. Esa sobreproducción se habría combinado con una caída en la demanda de hospitales, farmacias y droguerías y con los plazos extendidos de pago de las licitaciones públicas para terminar de ahogar a una compañía que, desde 2014, reorientó su negocio hacia la producción tercerizada y los contratos con el Estado.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino y citó a la empresa a una audiencia este lunes, con la exigencia de que presente una propuesta concreta para resolver el conflicto. Mientras tanto, los trabajadores despedidos siguen afuera de una planta amurallada, los que quedaron adentro no saben cuándo cobrarán, y la pregunta que sobrevuela todo el expediente es la de siempre: cuando una pyme industrial se cae de esta manera, quién termina pagando la cuenta.