Una socia de la concesionaria de Pilar desligó responsabilidades y apuntó contra clientes morosos por cerca de dos millones de dólares
Cynthia Chamoles declaró ante el fiscal Andrés Quintana y dijo que el desfasaje fue producto de deudores; mencionó un DJ con identidad reservada y embargos vigentes. El expediente ya registra alrededor de 35 damnificados.
La socia de la concesionaria de Pilar detenida declaró y señaló deudores por dos millones de dólares. Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja del titular de Autos Pilar Premium, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, en una causa que la Justicia investiga por estafas y defraudaciones reiteradas. El hecho se produjo luego de que ella y su pareja, Carlos González, de 43, fueran detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido bonaerense de Pilar.
La versión de la indagada
De acuerdo con la investigación, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje financiero generado por compradores que habían adquirido vehículos mediante financiamiento y dejaron de pagar en el último período. La mujer afirmó que la empresa conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares, mientras que el total de deudas a cobrar ascendería a unos dos millones de dólares.
Entre los deudores que mencionó, la indagada señaló a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Según declaró ante el fiscal, a esa persona se le entregó una Land Rover Evoque y nunca abonó los 120.000 dólares adeudados. También hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.
Los damnificados que aparecen en el expediente
El expediente judicial identifica entre las víctimas a Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También figura el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, con parte del monto abonado mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
- Chamoles y González fueron detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.
- La indagada mencionó deudas a cobrar por cerca de dos millones de dólares, con pagarés de entre 500.000 y 600.000 dólares.
- Entre los deudores nombró a un DJ con identidad reservada, al que se habría entregado una Land Rover Evoque impaga por 120.000 dólares.
- También mencionó una Lamborghini Urus de 800.000 dólares con embargo vigente.
- Joaquín Pichot y el diputado Manuel Quintar aparecen como damnificados en la causa.
- El expediente registra alrededor de 35 personas afectadas.
- González describió un descalce financiero de seis millones de dólares y vinculó el inicio del colapso a una causa federal previa por desobediencia.
En su propia indagatoria, González describió un descalce financiero superior a los seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, donde llegó a vender alrededor de cien vehículos por mes. El titular de la concesionaria atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Según su relato, un juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y lo procesó por desobediencia.
El expediente registra al menos 35 damnificados, entre compradores que entregaron vehículos en consignación, pagaron sumas en dólares por unidades no entregadas o firmaron financiamientos que quedaron sin cancelar. La causa, en la que interviene la Fiscalía a cargo de Andrés Quintana, se encuentra en pleno desarrollo de la instrucción y las partes aguardan nuevas medidas procesales, en tanto la indagatoria de Chamoles quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para su evaluación y el eventual requerimiento de elevación a juicio.
