Un efectivo de la UTOI de Puente 12 enfrentará juicio oral por matar a un docente en La Matanza durante un viaje de Didi

El hecho se produjo la madrugada del 15 de marzo en la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza, y derivó en una causa por la que la fiscalía de Homicidios de ese departamento judicial, a cargo de Adrián Arribas, requirió la elevación a juicio oral contra el efectivo policial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, por los delitos de homicidio agravado y robo agravado. De acuerdo con la investigación, el detenido integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12 y esa noche estaba fuera de servicio.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, docente de una escuela técnica que, según relataron sus allegados, trabajaba por la noche como conductor de la plataforma de transporte Didi porque el salario del magisterio no le alcanzaba para cubrir el alquiler y el sustento de su hija de tres años. Aquel día recibió un pedido de viaje en la localidad de Virrey del Pino, que no llegó a completar.

Cinco disparos y el robo del vehículo

De acuerdo con la investigación, Vizgarra Riveros subió al Chevrolet Corsa II de Pereyra en calidad de pasajero y, mientras circulaban por la autopista Presidente Perón en dirección a Ezeiza, le efectuó cinco disparos con su arma reglamentaria, una Bersa TPR9. Pereyra alcanzó a manifestarles a los efectivos policiales que llegaron al lugar que le habían robado el auto. Luego falleció. La autopsia posterior determinó que el cuerpo presentaba diez orificios de bala.

El agente policial se fugó con el vehículo de la víctima y prosiguió con sus actividades habituales hasta que fue detenido horas más tarde. En el procedimiento se secuestró el arma reglamentaria. El juez de Garantías N.° 5 de La Matanza, Gustavo Banco, dictó su prisión preventiva tras el informe fiscal que encuadró los hechos como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae, figura que contempla el asesinato para asegurar la consumación de otro delito o la impunidad, y como robo agravado por el uso de arma de fuego. Por la naturaleza de las calificaciones, la expectativa de pena es la prisión perpetua.

El reclamo de la familia

El abogado Roberto Torres, representante de la familia Pereyra, solicitó la realización de una instrucción suplementaria antes del debate oral para avanzar en medidas que, según su planteo, la pesquisa inicial habría dejado pendientes. Entre los pedidos se destacan la solicitud a la compañía telefónica correspondiente para identificar a los usuarios de las líneas a las que Vizgarra Riveros habría llamado en reiteradas oportunidades tras el hecho, con el objetivo de que sean citados en calidad de testigos.

• Identificar a los abonados de los números contactados por Vizgarra Riveros tras el crimen y convocarlos como testigos.
• Ampliar la pericia sobre el teléfono del imputado para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp e Instagram.
• Incorporar el testimonio de un efectivo que cumplía adicionales en Hospital Simplemente Evita de González Catán.
• Sumar al expediente la denuncia de que el acusado envió un mensaje consultando si había ingresado un herido de bala, contenido que no figura en el informe pericial inicial.

Torres refirió que el peritaje del celular del acusado registró solamente una página de análisis y que, según declaró un policía que prestaba servicio adicional en el Hospital Simplemente Evita de González Catán, Vizgarra Riveros le escribió preguntando si había llegado una persona baleada a la guardia. Ese mensaje, de acuerdo con la querella, no consta en el relevamiento practicado sobre el aparato.

La defensa del policía detenido no objetó de manera pública las calificaciones legales ni los resultados de las medidas hasta el momento en que la causa quedó en condiciones de ser elevada a debate. El expediente pasó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal que por turno corresponda en La Matanza, instancia donde se llevará a cabo el juicio oral y público que definirá la responsabilidad penal del efectivo y el monto de la condena, con la expectativa de una pena de prisión perpetua si el tribunal considera acreditadas las agravantes requeridas por la fiscalía.