Condenan a dos camioneros bolivianos por intentar sacar de Salta 35 toneladas de acetato de etilo

La fiscalía federal de Salta logró la condena de Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos conductores de camiones de nacionalidad boliviana, por la carátula de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa. Los dos hombres recibieron penas de cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar del país más de 35 toneladas de acetato de etilo, un solvente controlado que se utiliza en la elaboración de clorhidrato de cocaína.

La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta. Los condenados aceptaron las penas propuestas por el fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos, y fueron declarados coautores del delito y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

El control en el paso Aguas Blancas

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo, distribuidos en 95 tambores en uno de los camiones y 96 en el otro.

Las irregularidades detectadas por los agentes y por los investigadores fueron varias:

• La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba.
• Los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas, con un recorrido distinto al autorizado.
• Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), las patentes de los vehículos no figuraban habilitadas para esa operación.

La autorización falsificada y el peritaje

La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada. Según el expediente, alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al traslado. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamiento a la causa. El caso quedó así cerrado con la homologación de los acuerdos, sin que el material disponible detalle otras instancias procesales posteriores.