Aduana, cobre y cocaína: la trama que vuelve a sacudir al Puerto de Rosario
Una investigación federal describe cómo la terminal pública funcionó como pantalla para blanquear fondos de la corrupción catalana y del narcotráfico local durante casi 16 años. Cinco fiscales impulsaron pedidos de detención y un embargo cercano a los 100 millones de dólares.
La fiscalía federal pidió esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que investiga lavado de dinero y narcotráfico, de acuerdo con la investigación. El expediente sostiene que la concesionaria del puerto local operó durante casi 16 años como una pantalla para incorporar al circuito legal fondos provenientes de la corrupción política en Cataluña y del tráfico de cocaína en la ciudad.
El hecho se produjo en el marco de un expediente que lleva adelante un equipo de cinco fiscales federales, quienes describen un esquema que combinó inversiones de origen ilícito, ventas accionarias y giros al exterior. La maniobra fue expuesta en una serie de dictámenes firmados en los últimos días, en los que el Ministerio Público Fiscal solicitó además un embargo sobre los bienes de los imputados por alrededor de 100 millones de dólares.
El contador que ya había sido condenado
El eje de la acusación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. De acuerdo con la investigación, Shanahan operó desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más importantes de Rosario, donde se proveyó de dólares para la compra de cocaína.
Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego, según consta en el expediente. Aquella prueba alimentó la condena posterior y, según los fiscales, también el origen de buena parte de los fondos que luego habrían ingresado a la terminal portuaria bajo apariencia de aportes societarios.
El puente con la corrupción catalana
La pesquisa suma un segundo capítulo. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de esa familia al considerar que tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.
El esquema en tres pasos
- Los fondos de origen ilícito ingresaban a la terminal disfrazados de inversión societaria, a través de sociedades pantalla y contratos con firmas offshore.
- Entre 2010 y 2012 se vendió el paquete accionario en tramos a empresas del sector agroexportador, lo que transformó el activo: lo que había entrado como "inversión" salía registrado como "precio de venta".
- Parte del dinero regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
Para la última etapa, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de disolver el rastro del dinero.
La causa avanza ahora en la instancia de evaluación de los pedidos de detención y de las medidas cautelares sobre los bienes. El Juzgado Federal interviniente deberá resolver si hace lugar a las solicitudes del Ministerio Público Fiscal y, en paralelo, continuará la producción de prueba para determinar la responsabilidad del resto de los exdirectivos señalados en el expediente.
