Jubilaciones de octubre: la movilidad aplica 1,65% y deja la mínima en 435.662,86 pesos, con un bono de 70.000 que se va quedando quieto mientras el haber sigue subiendo

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en octubre un aumento del 1,65% sobre jubilaciones y pensiones, porcentaje que sale de pasar la fórmula de movilidad sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto, que el INDEC relevó en 1,7% para ese mes. Con esa cifra encima de la mesa, el organismo confirma que el ajuste se otorga de manera automática y sin necesidad de una decisión adicional del Poder Ejecutivo, en línea con el mecanismo vigente desde hace varios años.

En los primeros ocho meses del año, la inflación acumula 21,3% y, en los últimos doce meses, 33,5%, un dato que marca el ritmo con el que se mueven los haberes previsionales y que explica por qué cada movilidad llega con el reflejo del pulso inflacionario de dos meses antes. Esa lógica, que pretende preservar el poder de compra, en la práctica arrastra un desfasaje temporal que los propios beneficiarios perciben cuando van al supermercado o pagan los servicios al inicio de cada mes.

Los nuevos montos que rigen desde octubre

• Jubilación mínima: 435.662,86 pesos. Con el bono extraordinario de 70.000 pesos, el ingreso total para quienes perciben ese piso alcanza 505.662,86 pesos.
• Haber máximo: 2.932.174 pesos, sin complemento extraordinario.
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 348.530,28 pesos.
• Pensiones No Contributivas: 304.965,61 pesos.
• Pensión Madre de 7 Hijos: toma como referencia la mínima, por lo que se ubica en 435.662,86 pesos.
• Asignación Universal por Hijo (AUH): 156.552,29 pesos.
• AUH por Discapacidad: 509.748,28 pesos.

La Anses subraya que el bono de 70.000 pesos se mantiene en el mismo valor desde marzo de 2024, lo que configura una paradoja que golpea sobre todo a los jubilados del primer tramo de la pirámide previsional: mientras el haber mínimo se actualiza mes a mes de acuerdo con la movilidad, el complemento permanece congelado, de manera que el porcentaje de aumento efectivo para esos beneficiarios termina siendo inferior al que indica la fórmula. Además, el refuerzo no se incorpora al haber ni se computa para el cálculo del aguinaldo, dos detalles técnicos que reducen todavía más su impacto real.

El universo que percibe la jubilación mínima y, por ende, el refuerzo, ronda las tres millones de personas dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según datos que maneja el organismo. A ese contingente se suman alrededor de 1,5 millón de beneficiarios de la PUAM y de las pensiones no contributivas, que también forman parte del esquema de refuerzos y que, con los nuevos valores, verán un incremento nominal que en los hechos se licúa frente a la dinámica de los precios de la canasta básica.

La continuidad del bono de 70.000 pesos es, a esta altura, la variable todavía abierta. A diferencia de la movilidad, que opera de manera automática, el complemento requiere una definición específica para cada período, y esa decisión suele quedar en manos del Ministerio de Economía y de la propia Anses, con un costo fiscal que se paga con recursos del Tesoro y que, en un contexto de ajuste del gasto público, aparece como uno de los puntos más sensibles de la discusión presupuestaria.

Para los casi cinco millones de adultos mayores que dependen de la mínima, de la PUAM o de las pensiones no contributivas, el cuadro de octubre les deja algunos pesos más en el bolsillo nominal, aunque esa foto termina de completarse cuando se confronta con lo que efectivamente se paga en el almacén de barrio, en la farmacia o en la factura de luz. La distancia entre el dato que difunde la Anses y lo que se ve en la libreta del jubilado es, como ocurre hace meses, el verdadero termómetro de cualquier medida.

A la hora de mirar la película completa, queda flotando una pregunta de fondo que el organismo no responde y que atraviesa a toda la pirámide previsional: si la movilidad sigue atada al IPC y el bono de 70.000 pesos no se actualiza mientras los precios de los alimentos y de los servicios siguen creciendo, quién termina pagando la cuenta del desfasaje, el Estado nacional con más deuda o los propios jubilados con un poder de compra que se erosiona mes a mes sin que el índice oficial lo registre de manera cabal.