Habilitar un comercio en la Argentina: la lotería del municipio

Conseguir el permiso para abrir una panadería, una ferretería o un local de indumentaria en la Argentina puede resolverse en pocos clics, con firma digital y pago online, o transformarse en una sucesión de ventanillas, formularios en papel y plazos que se estiran sin respuesta. Esa diferencia, que en los papeles luce técnica y administrativa, se traduce en cientos de miles de pesos de costo hundido, meses de alquiler pagado sin facturar y, en no pocos casos, en el abandono del proyecto antes de empezar. Un estudio reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), decidió ponerle número a esa asimetría: el Índice FÁCIL Productivo 2026 relevó los procedimientos de habilitación comercial en 30 municipios y los ordenó según el grado de facilidad que ofrece cada administración local para poner un negocio en regla.

El ranking, que contempla desde la disponibilidad de plataformas digitales hasta la cantidad de requisitos previos y la posibilidad de iniciar el trámite de forma remota, arrojó una brecha superior a los 40 puntos entre el municipio más amigable y el más hostil para el emprendedor. Tres de Febrero, gobernado por Rodrigo Aybar, se adjudicó el primer puesto con 60,90 puntos, seguido por la ciudad de Córdoba (59,03), Santa Fe capital (53,97), Luján (53,86) y Río Cuarto (52,70). Son los cinco distritos que lograron perforar el umbral de los 50 puntos, una marca que, según el informe, separa a las jurisdicciones razonablemente de las que aún funcionan con la lógica del siglo pasado.

El otro extremo del ranking: la burocracia como barrera de entrada

• Pilar: 20,93 puntos, último entre los 30 municipios evaluados.
• Avellaneda: 25,86.
• Quilmes: 28,01.
• Lanús: 28,04.
• La Plata: 30,27, apenas por encima de los peores del ranking.

Aybar, el jefe comunal de Tres de Febrero, atribuyó la performance de su distrito a un programa deliberado de simplificación, enfocado en "simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento". El intendente, un referente del PRO en el conurbano bonaerense, convirtió la desburocratización en una de sus banderas de gestión, con una plataforma de habilitación que, según el relevamiento, permite a ciertos rubros completar el proceso de manera instantánea desde una computadora o un teléfono. En el extremo opuesto aparecen distritos conurbanos de peso demográfico y económico considerable, lo que vuelve al ranking especialmente elocuente: la dificultad para habilitar un negocio no parece explicarse por el tamaño del municipio, sino por la decisión política de facilitar o trabar la inversión privada.

El estudio puso el foco en dos indicadores que separan con nitidez a los líderes de los colistas. Por un lado, la existencia y el grado de desarrollo de plataformas digitales, guías de trámites, opciones de pago online y canales de atención al solicitante. Por el otro, la cantidad de requisitos previos y de instancias presenciales que el municipio exige. Tres de Febrero, Córdoba y Santa Fe capital, los tres primeros del ranking, ofrecen la mayor parte de esos servicios en línea, aunque el propio informe aclara que digitalizar la ventanilla no significa necesariamente que el trámite pueda completarse de principio a fin sin pisar una oficina: varios distritos combinan plataformas online con validaciones presenciales y verificaciones físicas que mantienen al emprendedor dando vueltas.

El dato más preocupante del relevamiento es de carácter estructural. En el 85% de los trámites evaluados, el municipio solicita documentación que ya obra en su poder o que podría obtener a través del intercambio de datos con organismos provinciales o nacionales. En otras palabras, se obliga al vecino a perseguir certificados, constancias y formularios que el Estado ya tiene y no comparte. Se trata de una práctica que la administración pública supo resolver, en otros contextos, con sistemas de interoperabilidad, pero que en la Argentina sigue funcionando como una barrera deliberada, un peaje invisible que desalienta al pequeño inversor y alimenta la economía informal. En el 70% de los municipios, además, se exige al emprendedor completar más de tres gestiones previas antes de poder iniciar formalmente la habilitación, una carga que, traducida a tiempo y dinero, suele estar fuera del alcance de quien intenta arrancar con capital propio y sin espalda financiera.

“Les pedimos a quienes quieren emprender un papeleo que el municipio ya tiene o podría conseguir por sí mismo. Eso no es una medida de control, es una barrera de entrada.”Analista del equipo técnico de IDESA, en diálogo con este medio

La pregunta que sobrevuela al índice, y que las cámaras empresarias de los municipios peor rankeados evitan responder, es quién paga finalmente la factura de esa burocracia. La respuesta corta la conoce cualquier vecino de Pilar, Avellaneda o Lanús que haya intentado abrir un comercio en los últimos años: la paga el emprendedor, en tiempo, en honorarios de gestores, en alquileres pagados sin habilitar y, en demasiados casos, en la decisión de pasar al otro lado de la legalidad. Cuando abrir un kiosco con todas las de la ley demanda más esfuerzo y más capital que instalarlo en negro, el Estado no está protegiendo al consumidor ni al trabajador: está empujando al comercio a la informalidad, con la pérdida de recaudación y de puestos de trabajo registrados que eso implica. El ranking de IDESA no mide la calidad de la gestión municipal en abstracto: mide, con bastante precisión, cuántos negocios nacen y cuántos mueren en la trastienda de cada intendencia.