Córdoba: un mapa de esperas que golpea a familias que necesitan una respuesta del Estado

En una casa de barrio cualquiera de la ciudad de Córdoba, una madre guarda en una carpeta las facturas de las terapias que paga de su bolsillo mientras espera que el sistema de salud le dé una respuesta. Es una escena que se repite en muchísimos hogares y que la Defensoría del Pueblo de la provincia decidió poner en palabras y en números: el 5 de octubre de 2026 presentó un informe que describe demoras de varios meses para acceder al Certificado Único de Discapacidad, a tratamientos de rehabilitación, a prótesis y a medicamentos. El documento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, no pretende ser una medición estadística de todos los casos, pero sí funciona como una radiografía de las dificultades cotidianas que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en esta parte del país.

Para empezar a hablar de discapacidad en la provincia, hay que pararse en la puerta de uno de los siete hospitales de la Ciudad de Córdoba donde funcionan juntas evaluadoras que otorgan el CUD. Dos de esos centros atienden exclusivamente a chicos y chicas, y allí los turnos se entregan con esperas de dos a tres meses. A esa espera inicial se suman las dificultades para conseguir consultas con los especialistas que deben intervenir en el proceso, un paso que suele transformarse en otro recorrido largo de llamados y pedidos de turno.Conseguir un turno para certificar una discapacidad, comenzar una rehabilitación o recibir una prótesis puede implicar meses de espera en Córdoba.

Meses que se vuelven años para algunas prestaciones

Cuando la consulta es con un especialista, cuando hay que acceder a una prótesis, a un medicamento o a un centro de rehabilitación, los plazos se estiran todavía más. El defensor del Pueblo adjunto a cargo, Carlos Galoppo, describió demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y esperas de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son cifras del informe que no permiten anticipar cuánto va a demorar cada trámite en particular, pero sí dibujan un patrón: para muchas familias, pedir una prestación significa aprender a convivir con la incertidumbre durante buena parte del año.

Mientras tanto, los gastos no se detienen. Una madre entrevistada para el estudio contó que llega a pagar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido la atención por su cuenta durante alrededor de dos años. A ese dinero hay que sumarle lo que sale en transporte y, en muchos casos, en apoyos escolares. El relevamiento también describe un fenómeno que las investigadoras conocen bien y que en la Argentina se repite con nombres propios: la sobrecarga de los cuidados recae sobre las mujeres, que reducen su jornada laboral, resignan ingresos y reorganizan su vida alrededor de los turnos y las terapias.

• Hasta catorce meses de espera para entrar a un centro de rehabilitación.
• Protesis y medicamentos con demoras de entre cuatro y nueve meses.
• Costos mensuales de 150.000 a 180.000 pesos en sesiones para algunas familias.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos a prestadores por parte de obras sociales y programas estatales.
• Mayor carga de cuidados sobre las madres, con reducción de la jornada laboral y de los ingresos del hogar.

El problema también golpea del otro lado de la ventanilla. El estudio recoge que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad subieron en promedio un 225 por ciento, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336 por ciento. Es decir, los prestadores cobraron menos en términos reales por lo mismo. En el mismo tramo, el precio de la nafta súper aumentó un 559 por ciento y el valor reconocido por kilómetro, apenas un 231 por ciento, una diferencia que el informe vincula con la dificultad de muchas instituciones para sostener los servicios y, en algunos casos, con recortes en gastos de funcionamiento.

Para nosotros los santiagueños, aunque la nota sea de Córdoba, esta descripción suena de una manera muy familiar, porque sabemos lo que es esperar un turno con la planilla debajo del brazo y la plata que no alcanza. Silvia, una vecina de un barrio del oeste cordobés que prestó su testimonio para el informe, resume el ánimo de muchas familias cuando dice que lo más duro no es solo la espera, sino no saber cuándo va a terminar. Por eso, lo que las familias esperan que pase, y lo que el informe parece pedirles a las autoridades, es que esos plazos dejen de medirse en estaciones del año y vuelvan a medirse en semanas.