Allanamientos simultáneos en Resistencia contra un ginecólogo acusado de abuso sexual y mala praxis

La Policía del Chaco ejecutó este viernes una serie de allanamientos en la vivienda y los consultorios del ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, en el marco de la causa caratulada por abuso sexual, violencia médica y mala praxis. De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo a partir de un expediente que reúne ocho denuncias de pacientes y que es instruido por la fiscal Mariana Echarri, quien ordenó los procedimientos con la colaboración del Departamento de Trata de Personas, el área de Cibercrimen e Infantería.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en la casa del profesional, ubicada sobre calle Jujuy al 500 de Resistencia, y en los consultorios donde atendía. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial con los resultados de los procedimientos ni con el detalle de los elementos secuestrados.

El origen de la causa y las primeras denuncias

La primera denuncia se formalizó el 23 de septiembre, cuando una mujer de 26 años concurrió a la Justicia provincial y relató situaciones irregulares ocurridas durante sus consultas con Kumiega. A partir de ese testimonio inicial, otras pacientes decidieron presentarse con sus propios relatos, lo que permitió ampliar la investigación y justificar la batería de allanamientos dispuesta por la fiscalía.

Entre las denunciantes se encuentra una mujer identificada como Romina C., residente en el exterior, que acusó al médico de un abuso sexual ocurrido a mediados de 2022. La presentación incluyó capturas de pantalla de conversaciones mantenidas en la red social Instagram, en las que se observa, según la denunciante, que el profesional le enviaba mensajes de manera insistente con posterioridad al episodio. Otra paciente, Karla Herrán, declaró que durante una ecografía transvaginal realizada a fines de julio, el especialista apoyó un codo sobre su rodilla y le entregó anticonceptivos con la fecha de vencimiento superada.

Jésica Ramírez, en tanto, describió que el médico la tocó sin guantes y apartó su ropa interior durante un procedimiento ecográfico. Melisa Vallejos se querelló por mala praxis: aseguró que se sometió a lo que le fue indicado como una histerectomía y que, en una consulta posterior con otro profesional, se le informó que la cirugía nunca se había realizado. Una quinta paciente presentó además un reclamo ante la obra social Osjera por comentarios que calificó de ofensivos y misóginos durante la atención; la entidad respondió que abriría una investigación administrativa interna.

La división de la pesquisa en dos líneas de investigación

• Las causas por delitos contra la integridad sexual quedaron radicadas en la Fiscalía de Investigación N°2, a cargo de Ana González de Pacce.
• Las denuncias vinculadas a violencia de género son conducidas por el Equipo Fiscal N°4, dirigido por Jorge Cáceres Olivera, que ya convocó a declarar de forma virtual a la denunciante que reside fuera del país.
• La obra social Osjera anunció la apertura de un sumario administrativo interno para determinar eventuales responsabilidades institucionales.

De acuerdo con la investigación, la intervención del área de Cibercrimen responde a la necesidad de preservar y analizar el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados, en particular los registros de las conversaciones de Instagram aportadas por una de las denunciantes. Por su parte, la participación del Departamento de Trata de Personas se vincula con la posibilidad de que existan otras víctimas que aún no se hayan presentado a radicar la denuncia formal.

La instancia judicial que sigue es el procesamiento del material secuestrado durante los allanamientos, cuyo resultado se sumará al expediente principal. Las partes aguardan además la evolución de la causa en la Fiscalía N°2 y en el Equipo Fiscal N°4, donde se concentra la recepción de nuevas declaraciones y la posible incorporación de más víctimas a la pesquisa.