Una organización religiosa que funcionaba como una trampa: 27 condenas y una reparación histórica en San Martín

La fiscalía interviniente, a cargo del fiscal general Alberto Gentili, impulsó la investigación que culminó en la condena de 27 personas por la asociación ilícita que operaba bajo la denominación Templo Filadelfia, con la carátula por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín y contempló, además, el decomiso de inmuebles, vehículos y dinero, junto con una reparación económica millonaria para los damnificados.

El hecho se produjo —en realidad, se extendió— entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, período en el que la estructura mantuvo su sede central en San Justo, partido de La Matanza, y funcionó con extensiones en distintos puntos del país, así como en Paraguay y Brasil. De acuerdo con la investigación, el grupo se valió de una fachada religiosa para captar personas en situación de vulnerabilidad y someterlas a un régimen que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones internas, con restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de quienes vivían en los templos.

Las condenas y la pena más elevada

Eva Petrona Pereyra recibió la condena más alta, de 24 años de prisión. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. En el mismo fallo se la condenó como partícipe necesaria en hechos de supresión y alteración de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años, en tanto otros siete acusados recibieron penas de 18 años. Las condenas coincidieron con los montos solicitados por el fiscal general Gentili. En los casos de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, en cambio, el tribunal únicamente los condenó por asociación ilícita y los absolvió por los cargos de trata agravada y reducción a la servidumbre.

Una reparación económica inédita y el decomiso de bienes

El fallo fijó una reparación económica de 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas y ordenó una batería de medidas patrimoniales que alcanzó a 46 inmuebles distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro. Además, se decomisaron 12 vehículos y dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera, y se dispuso la subasta de otros 15 automotores, una medida que había sido ordenada durante la instrucción.

• 46 inmuebles decomisados en siete provincias argentinas.
• 12 vehículos decomisados y 15 automotores a subastar.
• Dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.
• Reparación total de $2.170.467.831,20 para 27 víctimas.
• Pena máxima de 24 años para la líder de la organización.
• Siete acusados con condenas de 18 años y uno con 21 años.
• Declaración de prescripción de hechos que perjudicaron a nueve víctimas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra.

El tribunal también declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual que pesaba sobre Pereyra. Con el veredicto ya firme, la causa pasa ahora a la etapa de cumplimiento de las penas y de ejecución de las medidas patrimoniales, mientras se aguarda el tratamiento de eventuales apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.