Traslado de internos de Devoto al nuevo complejo de Marcos Paz: comenzó el operativo con 326 detenidos en la primera jornada
La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia para evaluar el procedimiento; el CELS cuestionó la falta de garantías para la continuidad de los estudios universitarios.
El hecho se produjo en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y un Comando Unificado integrado por cinco fuerzas federales, con el objetivo de mudar a los alrededor de 1.500 detenidos que permanecían en el penal de Villa Devoto al flamante Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz. De acuerdo con la investigación oficial, en la primera jornada del domingo se movilizaron 326 internos, y el lunes se llevó adelante una segunda etapa de traslados. La medida fue cuestionada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que impulsó un hábeas corpus, mientras que la Justicia convocó a una audiencia para analizar el procedimiento. La causa se tramita bajo la intervención de la fiscalía interviniente y se investiga en el marco de las competencias federales en materia de ejecución penal.
El nuevo establecimiento y su puesta en marcha
El Complejo Penitenciario Federal VIII fue habilitado luego de la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El predio, de 80 hectáreas, dispone de capacidad para 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad. El proyecto se remonta a 2018, cuando se suscribió el convenio original entre ambas jurisdicciones; la obra fue paralizada en 2020 y reactivada en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y apertura.
El operativo y sus alcances
El traslado se ejecuta en etapas e incluye la vigilancia de establecimientos y corredores viales, la custodia de los internos y la protección del personal afectado y de la población civil a lo largo del recorrido. La logística demandó la articulación del Servicio Penitenciario Federal con las cinco fuerzas federales que integran el Comando Unificado, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad.
“Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas”Procuración Penitenciaria de la Nación
El organismo calificó el procedimiento como "intempestivo" y sostuvo que la falta de información oficial dificultó la tarea de contención con las familias de los detenidos. Representantes de la Procuración ingresaron al nuevo complejo para dialogar con las autoridades y, mediante llamadas de los internos a sus familiares, verificaron que no se registraron actos de violencia durante las primeras jornadas.
Los puntos cuestionados por los organismos de derechos humanos
- Continuidad académica: la Procuración Penitenciaria advirtió que el traslado interrumpe el ciclo lectivo de los alumnos del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro, y alertó que la mudanza "pone en riesgo directo su continuidad académica y el derecho a la educación".
- Acceso a la información: el organismo señaló que no se difundió un listado oficial consolidado de las personas trasladadas, lo que complica la comunicación con los familiares.
- Garantías previas: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó que el operativo no asegurara de manera previa la continuidad de los estudios universitarios de los internos privados de libertad.
La instancia judicial que sigue es la audiencia convocada para analizar el hábeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria, en la que se evaluarán las condiciones del operativo y las garantías de los derechos de los detenidos durante el proceso de mudanza al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
