Salud mental bajo presión: las internaciones se dispararon 42% en tres años y las provincias ya no dan abasto

El timbre suena a las diez de la mañana en una casa chorizo del barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires, y al rato Marta, que tiene seis hijos y tres nietos, se acomoda en la silla de la cocina para conversar conmigo. Me cuenta que a su nieta menor, de catorce años, la atendieron dos veces por guardia en el Hospital Santojanni durante el último año por ataques de pánico, y que la espera para conseguir un turno con una psicóloga en el centro de salud del barrio ya supera los tres meses. La escena se repite, con otros nombres y en otras calles, a lo largo de prácticamente todo el país, y detrás de cada caso hay una estadística que acaba de tomar estado público: entre 2023 y 2026 las internaciones por salud mental crecieron 42% en la Argentina, con un salto adicional del 12% sólo en los últimos doce meses. Las consultas ambulatorias, mientras tanto, subieron 23% en el último año, según un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y presentado esta semana en el Senado, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que rige desde 2010.

El trabajo recoge datos de las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias que, sumadas, concentran más del 70% de la población argentina: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, con la participación adicional de Entre Ríos y Río Negro. La fotografía que surge del cruce de información muestra un sistema que está intentando responder, pero que llega tarde: en la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas que reciben las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental, y la demanda crece con especial fuerza entre niñas, niños y adolescentes, y entre personas que perdieron la cobertura de una obra social o una prepaga y terminaron recalando en el sistema público.

Lo que creció y lo que se construyó

• Las internaciones por salud mental subieron 42% entre 2023 y 2026, con un 12% adicional en los últimos doce meses.
• Las consultas ambulatorias aumentaron 23% en el último año.
• En la provincia de Buenos Aires, tres de cada diez consultas en guardias hospitalarias son por problemas de salud mental.
• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
• Trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.

Porque, claro, no todo es déficit. Entre 2021 y 2026 las provincias pusieron en pie al menos 388 camas nuevas de salud mental dentro de hospitales generales, una decisión que va en línea con el espíritu de la ley vigente, que prefiere internar en dispositivos comunes antes que en manicomios. También se ampliaron las redes comunitarias: centros de día, equipos territoriales que van casa por casa, viviendas asistidas para quienes no pueden vivir solos y dispositivos específicos para abordar consumos problemáticos. Esos avances, sin embargo, no alcanzan. Las propias autoridades provinciales reconocieron en el documento que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que hay dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada.

Nosotros, los santiagueños, como tantas otras provincias del norte y del sur, sentimos esa tensión en el cuerpo: cuando un paciente llega a la guardia con una crisis y no hay un equipo completo para contenerlo, la internación termina siendo la única salida posible, y eso retroalimenta el número que alarma a todos. Las provincias plantearon, en el encuentro del Senado, una serie de prioridades que, según dicen, son condición para que la próxima reforma no quede en el papel: aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos psiquiátricos y producir información epidemiológica nacional de calidad. También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, algo que, reconocieron, se fue deteriorando en los últimos años.

El informe llegó al Congreso en un momento delicado: la Cámara de Diputados ya debate una reforma de la Ley de Salud Mental que las provincias miran con recelo, porque, según plantearon, elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política vigente desde 2010, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. La tensión es de fondo: cómo se atiende, quién paga, cuántos profesionales se forman y dónde se internan son preguntas que ya no admiten más demoras, porque del otro lado de la puerta —la de Marta, la de su nieta, la de miles de familias argentinas— lo que se espera, simplemente, es que haya alguien que pueda hacerse cargo a tiempo.