Piso de asignaciones para cosecheros: el Gobierno extiende por un año un régimen que ata el sueldo social al trabajo rural registrado

El valor de referencia no se mueve un centavo y la lógica del esquema tampoco: los trabajadores rurales contratados bajo modalidades temporarias o estacionales seguirán percibiendo asignaciones familiares equivalentes al cien por ciento de la Asignación Universal por Hijo durante los próximos doce meses, según quedó formalizado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1204/2026, con vigencia desde el 1° de septiembre de este año. La prórroga llega justo cuando arrancó una nueva campaña fina en buena parte de las economías regionales y cuando los cuadros de cosecha vuelven a poblarse de mano de obra discontinua, ese universo lábil donde se cruzan planes sociales, changas informales y contratos cortos que el propio Estado reconoce como prioridad para formalizar.

Quiénes quedan bajo el paraguas y quién queda afuera

La norma apunta con precisión a un segmento específico del trabajo agrario: el personal temporario y los permanentes discontinuos encuadrados en el Régimen de Trabajo Agrario, más quienes se contratan por temporada para actividades agropecuarias bajo el paraguas general de la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan fuera del esquema, en cambio, los empleados rurales permanentes con contrato continuo, cuyo piso de asignaciones se rige por las escalas generales del sistema de seguridad social. Esa distinción no es menor: en los mismos establecimientos conviven cosecheros discontinuos con trabajadores de planta, y la cobertura previsional y de familia varía sensiblemente entre uno y otro universo.

El régimen original, nacido en 2021, tuvo desde su letra más ambiciosa que su letra chica: la idea declarada fue incentivar la registración en economías regionales donde la estacionalidad del cultivo convierte al empleo en una montaña rusa de altas y bajas a lo largo del año. La herramienta concreta fue asegurar que, mientras el operario estuviera bajo relación laboral formal, no perdiera el acceso a un piso de ingresos familiares similar al de la AUH. El decreto que ahora se prorroga repite esa lógica sin innovación alguna: ni sube el monto, ni modifica escalas salariales, ni toca aportes y contribuciones patronales.

“Mientras la pulseada por los costos de cosecha no cesa, lo que se renueva es un puente que en los papeles iguala a un cosechero formal con un beneficiario de política social: la pregunta es quién termina poniendo la diferencia cuando el precio del cajón o de la bolsa no alcanza.”Productor citrícola del norte entrerriano

• Cobertura: alcanzados por la prórroga el personal temporario y los permanentes discontinuos del Régimen de Trabajo Agrario, además de los contratados por temporada bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
• Monto: sin cambios, piso equivalente al 100% del valor vigente de la Asignación Universal por Hijo.
• Vigencia: doce meses contados desde el 1° de septiembre de 2026.
• Aportes: no se modifican aportes patronales ni contribuciones.
• Compatibilidad: se mantiene la cláusula que permite compatibilizar ciertos planes sociales con un empleo formal registrado, según las normas propias de cada programa.
• Origen: el régimen original data de 2021, con el objetivo declarado de empujar la registración laboral en economías regionales.

En la previa, la continuidad no estaba garantizada y por eso la movida fue reclamada con insistencia desde varios frentes que no suelen coincidir: las asociaciones de productores vieron en el esquema un incentivo para blanquear trabajadores en zonas donde la informalidad sigue siendo alta; los gremios del agro lo defendieron como un piso elemental para los afiliados temporarios; y los representantes de economías regionales lo presentaron como un sostén indispensable para atraer mano de obra local en picos de cosecha que ya compiten con la oferta de planes sociales. La renovación llega entonces como un acuerdo por agotamiento: nadie obtiene más de lo que tenía, pero nadie pierde lo que ya estaba en juego.

La discusión de fondo, la que sigue sin escribirse en los considerandos del decreto, es quién paga la diferencia entre un sueldo formal pleno y un beneficio social equivalente a la AUH: si la absorbe el empleador vía aportes, si la financia el Estado a través de la ANSES, o si en los hechos la termina poniendo el propio trabajador con contratos más cortos y temporadas más magras. En las chacras del NOA, del Litoral y de la Patagonia cordillerana, donde la cosecha se mide por días y no por quincenas, esa pregunta se contesta sola al cierre de cada campaña.