La jubilación mínima no llega a cubrir ni el rubro de los medicamentos

La cifra inicial que hay que poner sobre la mesa es 2.090.646 pesos: tanto necesita una persona mayor para sostener sus gastos esenciales durante octubre según el relevamiento conjunto de la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que tomó como referencia las pautas de la canasta familiar del INDEC y la aplicó específicamente a los consumos de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza.

El contraste con el ingreso disponible es demoledor, porque la jubilación mínima de octubre, con el bono extraordinario incluido, llega a 505.748 pesos, un monto que no alcanza a cubrir ni siquiera el rubro de medicamentos y salud, que por sí solo demanda 518.708 pesos mensuales, de modo que sólo en ese ítem los jubilados ya están gastando más de lo que perciben como haber mínimo y la diferencia la absorben donde pueden, en general a costa de alimentarse peor, postergar turnos médicos o endeudarse en farmacias.

Tres rubros concentran casi dos tercios de la canasta

El informe desglosa los 2.090.646 pesos en una serie de componentes donde sobresalen tres, que juntos suman 1.341.419 pesos: medicamentos y salud por 518.708, alimentos por 457.742 y vivienda por 364.969, de manera que alrededor de dos terceras partes del presupuesto de un jubilado se van en atender el cuerpo, comer y tener un techo, mientras el tercio restante se reparte entre transporte, indumentaria, servicios y otros consumos habituales que la metodología también contempla.

En el capítulo de salud, el cálculo incorpora distintos medicamentos y los descuentos disponibles en farmacias de acuerdo con la obra social, de modo que se trata de un valor que ya contempla los beneficios formales a los que accede la población adulta mayor, lo que hace aún más significativa la brecha, porque aun con esos descuentos la cuenta supera el haber mínimo completo, y en vivienda la estimación agrupa situaciones distintas, desde quienes mantienen una propiedad propia hasta quienes alquilan o residen en una pensión, intentando reflejar la diversidad habitacional que existe dentro de un mismo universo de adultos mayores.

La comparación con los demás ingresos previsionales también deja saldos rojos: la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez se ubica en 375.023 pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza 418.598 pesos con bono, dos montos que quedan por debajo del costo estimado sólo para medicamentos y salud, y que obligan a pensar la política de ingresos para la tercera edad no en términos de coberturas abstractas sino de rubros concretos que se pagan o no se pagan.

La interanual vuelve a quedar muy por encima de la inflación general

El propio informe muestra que la canasta pasó de 1.514.074 pesos en octubre de 2025 a 2.090.646 pesos en octubre de 2026, lo que implica un incremento interanual del 38%, mientras que frente a la medición de marzo de este año la suba fue de 14,58%, y aun cuando se sabe que la inflación general se desaceleró, esta canasta particular de los adultos mayores corre por un carril propio, más caliente, porque combina bienes y servicios donde los precios subieron por encima del promedio, con subas de medicamentos, prepagas y alimentos frescos que pesan mucho en la economía cotidiana de los jubilados.

En la práctica, y más allá de los números finos, lo que se ve en el mostrador de cualquier farmacia de barrio y en la verdulería del barrio es lo que el informe traduce a una planilla: un jubilado que cobra el haber mínimo puede comprar menos de la cuarta parte de lo que la Defensoría y los gerontólogos consideran indispensable, y la pregunta que queda flotando, y que por ahora nadie responde con nombre y apellido, es quién se hace cargo de financiar la diferencia, si el Estado la actualiza vía bono o recomposición del haber, si la absorben las familias o si directamente se traslada a la salud y a la mesa de los que menos tienen.