La defensa de Contardi pidió a Casación llevar el caso a la Suprema Corte bonaerense

La defensa de Claudio Contardi, condenado a 18 años y medio de prisión por hechos de abuso sexual agravado y violencia de género contra su exesposa Julieta Prandi, presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revise la sentencia. De acuerdo con la investigación, los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado pidieron la absolución de su asistido o, en forma subsidiaria, la realización de un nuevo debate oral. La fiscalía intervino en el expediente y la causa se tramita bajo la carátula por abuso sexual con acceso carnal agravado y violencia de género, entre otras figuras.

Una doble vía para llegar a la Corte provincial

El escrito quedó radicado en Casación, donde los letrados aguardan un pronunciamiento sobre la admisibilidad. De no prosperar esa instancia, Oneto y Alvarado adelantaron que acudirán en queja ante el máximo tribunal provincial. En los hechos, el camino quedó abierto en dos carriles simultáneos: el recurso extraordinario y la queja directa como herramienta de salvaguarda ante un eventual rechazo.

El primer tramo del recorrido procesal se cerró el 13 de agosto de 2025, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana dictó veredicto y condenó a Contardi a 19 años de prisión, con inmediata detención y agregado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. En esa etapa, la defensa del momento estuvo a cargo de Fernando Sicilia, quien planteó la apelación. Casación, al revisar la sentencia, confirmó la responsabilidad penal del acusado y, como única modificación, rebajó la pena a 18 años y medio.

Los puntos que la defensa pone bajo la lupa

El recurso extraordinario cuestiona distintos aspectos del juicio. En un comunicado, los letrados explicaron que incorporaron entrevistas otorgadas por Prandi en 2015, 2016 y 2017, en las que la mujer se habría referido a su vida matrimonial y familiar. A su entender, esas declaraciones debieron contrastarse con el testimonio brindado en el debate, algo que no ocurrió porque, según sostienen, esas pruebas no fueron ofrecidas en tiempo y forma.

A ese núcleo de objeciones sumaron otras decisiones adoptadas durante el trámite oral. Los abogados detallaron que se rechazaron los expedientes de familia y la declaración de una expareja del acusado. También apuntaron contra la defensa que intervino en el juicio, cuya integración se completó pocos días antes del inicio del debate, tras varios cambios de letrados, y que contó con una prórroga de apenas dos jornadas para preparar la estrategia.

• Revisión integral de la prueba, con foco en entrevistas previas de la víctima no incorporadas al debate.
• Impugnación del rechazo de los expedientes de familia y del testimonio de una expareja del acusado.
• Cuestionamiento a la actuación de la defensa que asumió pocos días antes del juicio, tras sucesivos cambios de letrados.
• Pedido principal de absolución y, en forma subsidiaria, de celebración de un nuevo juicio oral.
• Rebaja de seis meses ya aplicada por Casación, que confirmó la condena de 19 años dictada por el TOC N.º 2 de Zárate-Campana.

La causa se mantiene abierta en la etapa recursiva. El siguiente hito procesal será la resolución de Casación sobre la admisibilidad del recurso extraordinario. Una vez conocido ese pronunciamiento, las partes podrán profundizar el camino hacia la Suprema Corte bonaerense, donde se definirá si el caso vuelve a ser revisado o si lo decidido por Casación queda firme. De allí, en lo inmediato, dependerán tanto una eventual absolución como la convocatoria a un nuevo debate oral, de acuerdo con la investigación.