Jueves, 27 de agosto de 2026
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Apartan preventivamente a un juez de San Isidro y se acumulan seis cargos en el jury en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo al camarista Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y otras seis imputaciones que tramita el Ministerio Público Fiscal.

Por Norma CarrizoPoliciales y judiciales · 27 de agosto de 2026 · hace 1 h

La fiscalía caratuló el expediente por acoso sexual y otras seis imputaciones contra el juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. El hecho se produjo a partir de la denuncia presentada en julio de 2025 por una funcionaria que se desempeñaba en ese tribunal, quien describió ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense una serie de mensajes con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales, y acompañó su presentación con chats y audios como respaldo probatorio.

De acuerdo con la investigación, a la denuncia inicial se sumaron luego otros elementos que dieron lugar a un sumario administrativo y a una pesquisa penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, lo que dio inicio al trámite formal del jury. Más tarde, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó una requisitoria que se acumuló al expediente.

Los seis cargos que pesan sobre el magistrado

  • Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia original y los elementos incorporados a la causa.
  • Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, manifestados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
  • Uso de recursos del Estado para beneficio personal, una imputación que la Procuración incorporó al expediente.
  • Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
  • Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar que declararan en su contra, de acuerdo con lo relevado por el Ministerio Público Fiscal.
  • Delegación irregular de la firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El magistrado ya se encontraba fuera de funciones por una licencia dispuesta por la Suprema Corte provincial. Con la resolución del Jurado de Enjuiciamiento, el apartamiento preventivo se sumó a esa situación y dejó formalmente suspendido al juez en el ejercicio de su cargo mientras avanza el proceso de remoción.

El jury está presidido por el titular de la Suprema Corte de la provincia, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. De acuerdo con la investigación, el procedimiento continúa con el análisis de los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal, la producción y valoración de la prueba incorporada al expediente y, en su momento, la determinación de la responsabilidad institucional del magistrado. La instancia judicial que sigue es la audiencia de debate ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde se evaluará si corresponde avanzar hacia la destitución del juez.

NC
Norma CarrizoPoliciales y judiciales

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